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¿7.000 o 100.000? El Explosivo Debate sobre el Aumento de Funcionarios Públicos en el Gobierno de Boric
La discusión sobre el tamaño del Estado chileno y la contratación de funcionarios públicos bajo el gobierno de Gabriel Boric ha alcanzado un punto de ebullición, con dos figuras públicas enfrentadas en un duelo de cifras y argumentos que polariza el debate político. Por un lado, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos de Sebastián Piñera, defiende…
La discusión sobre el tamaño del Estado chileno y la contratación de funcionarios públicos bajo el gobierno de Gabriel Boric ha alcanzado un punto de ebullición, con dos figuras públicas enfrentadas en un duelo de cifras y argumentos que polariza el debate político. Por un lado, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos de Sebastián Piñera, defiende que el aumento en el empleo estatal es de apenas 7.000 personas, una cifra modesta que refleja una gestión responsable. Por otro, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, denuncia un crecimiento descontrolado de 100.000 nuevos funcionarios, acusando al gobierno de inflar la burocracia con fines políticos. ¿Quién tiene la razón? Este artículo desglosa las posturas, los datos y las intenciones detrás de este choque de visiones.
Acevedo: Un enfoque técnico para desmentir el “boom” burocrático
Matías Acevedo, quien lideró la Dirección de Presupuestos (Dipres) bajo el gobierno de Sebastián Piñera, ha salido al paso de las críticas opositoras con un análisis técnico basado en datos oficiales. Según él, el aumento neto de contrataciones en el gobierno central desde marzo de 2022 no supera las 7.000 personas, una cifra que, en el peor de los casos, podría llegar a 15.000 si se incluyen ajustes y contratos temporales. En una reciente entrevista en CNN Chile, el economista desglosó su argumento: “En el gobierno central puro, que son ministerios y servicios dependientes, el incremento es marginal. No llegamos a 100.000, ni cerca”.
Acevedo sostiene que gran parte de las cifras infladas provienen de una confusión con entidades autónomas, como municipios, hospitales o los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), donde el Ejecutivo no tiene control directo sobre las contrataciones. Por ejemplo, el traspaso de personal educativo a los SLEP puede aparentar un aumento, pero no refleja nuevos empleos creados por Boric. Según datos de Dipres hasta el segundo trimestre de 2025, el empleo público total se sitúa en torno a los 460.000 funcionarios, y el incremento atribuible al gobierno actual representa un gasto adicional de US$ 120-150 millones anuales, lejos de los miles de millones que se alegan.
El exdirector critica a la oposición por “usar supuestos al azar” y llama a una auditoría independiente para clarificar las cifras. En sus intervenciones en redes, Acevedo subraya que el debate debería centrarse en eliminar ineficiencias heredadas de gobiernos anteriores, no en demonizar a Boric por un supuesto despilfarro. “El Estado ya estaba sobredimensionado. Lo que necesitamos es eficiencia, no desinformación”, afirmó en un reciente intercambio en X.
Kast: Una cruzada contra la “burocracia clientelista”
En el extremo opuesto, José Antonio Kast, candidato presidencial y líder de la derecha más dura, ha hecho del aumento en el empleo público un pilar de su campaña rumbo a 2026. Según Kast, el gobierno de Boric ha sumado casi 100.000 nuevos funcionarios desde fines de 2021, un incremento que califica como “un robo encubierto” a los contribuyentes. En mítines y publicaciones en X, el líder republicano detalla que esta cifra incluye 31.227 nuevos empleos en el gobierno central y 53.756 en municipalidades, además de otros servicios descentralizados financiados indirectamente por el Ejecutivo.
Kast calcula que este aumento genera un costo fiscal de entre US$ 4.500 y 6.800 millones anuales, equivalente a 250 mil millones de pesos mensuales desde hace 18 meses. En un discurso reciente, afirmó que este gasto podría haber financiado “1.162 viviendas sociales por mes” o fortalecido la seguridad ciudadana. Su propuesta es clara: una “auditoría total” del sector público para identificar y despedir a entre 30.000 y 100.000 “parásitos”, término con el que se refiere a funcionarios ineficientes o contratados por afinidad política. “Cuando lleguemos al gobierno, los vamos a echar a patá en la raja”, aseguró en un mitin el 8 de octubre de 2025, generando aplausos y críticas por igual.
El líder republicano acusa a Boric de haber inflado la burocracia para beneficiar a “compañeros” de la izquierda, contrastando con su propia promesa de 2021 de despedir a 30.000 funcionarios. Según Kast, el total de empleados públicos (461.200 en 2025) refleja un Estado “capturado” por intereses políticos, y su plan de “terapia de shock” busca revertirlo. Sin embargo, críticos como Acevedo lo acusan de mezclar categorías no controladas directamente por el Presidente, como las contrataciones municipales, para inflar las cifras y generar alarma.
Landerretche: Una voz intermedia en el debate
En medio de esta polarización, el economista Óscar Landerretche, ex presidente de Codelco y figura del Partido Socialista, aporta una perspectiva más matizada. Aunque no se ha referido específicamente a funcionarios públicos, Landerretche aboga por una reforma del Estado que permita desvincular a quienes no rinden sistemáticamente, sin caer en despidos masivos o arbitrarios. Esta idea, si bien no es una propuesta reciente, ya había sido mencionada en 2025 y revela la intención de un “socialista” de querer hacer más eficiente el Estado, entendiendo que para ello los despidos serán necesarios. En su columna en La Tercera (junio de 2023), propuso modernizar el Estatuto Administrativo para facilitar evaluaciones de desempeño y desvinculaciones, asegurando que “el mérito y la gestión de resultados” primen.
Landerretche distingue entre cargos políticos de confianza, que reduciría en un 75% (unos 3.000-4.000 puestos), y funcionarios de carrera, que merecen protección pero no impunidad. En entrevistas, como una en El País Chile (julio de 2024), subrayó que los despidos deben ser “justos y no revanchistas”, basados en evaluaciones objetivas. Según él, esto podría liberar recursos para mejorar salarios y formación, financiando un nuevo pacto fiscal sin aumentar impuestos desproporcionadamente. Aunque no cuantifica un porcentaje exacto de despidos, su enfoque sugiere que un grupo pequeño pero significativo de funcionarios de bajo rendimiento debería ser removido para optimizar el Estado.
Un debate con más preguntas que respuestas
El choque entre Acevedo y Kast refleja no solo una disputa de cifras, sino dos visiones opuestas sobre el rol del Estado. Mientras Acevedo apuesta por la precisión técnica y la continuidad de una gestión fiscal responsable, Kast utiliza el discurso de la austeridad para movilizar a su base electoral, prometiendo recortes drásticos. Landerretche, por su parte, busca un equilibrio, promoviendo una modernización meritocrática que no caiga en populismos de derecha ni en la rigidez del statu quo.
Lo cierto es que las cifras exactas siguen siendo objeto de controversia. Los datos de Dipres respaldan parcialmente a Acevedo, mostrando un aumento modesto en el gobierno central, pero la inclusión de sectores descentralizados complica el cálculo. Kast, en cambio, apuesta por una narrativa de impacto que no siempre distingue entre contrataciones directas e indirectas. En este contexto, la propuesta de Landerretche de auditar y reformar el sistema podría ser un punto de encuentro, pero enfrenta resistencias tanto de la izquierda como de la derecha.
Mientras Chile se prepara para un año electoral, el debate sobre el empleo público promete seguir encendiendo pasiones. ¿Es el gobierno de Boric un derrochador clientelista o un administrador prudente en tiempos de crisis? La respuesta, al parecer, depende de quién cuente la historia.